Roberto González Ávila, oriundo del municipio de Arboletes Antioquia, ex aspirante a la alcaldía municipal, ex funcionario publico y comerciante; salió libre tras pagar tres años de cárcel sindicado injustamente de paramilitarismo.

Fotografía por: Brisny Benítez Bruno

Por: Brisny Benitez Bruno

Una mañana del 10 de marzo del año 2010 cuando apenas amanecía, a eso de las 05:00 am Roberto escuchó golpes en la puerta de su casa, nervioso y sin saber que sucedía se asomó por la ventana, logró ver unos hombres armados y desconociendo que quien se trataba hizo una llamada a las autoridades policiales de la localidad, las cuales se presentaron inmediatamente.

Al llegar la policía y preguntar por lo que estaba pasando, todos se llevan la sorpresa de que se trataba del Gaula y el CTI, tenían la casa totalmente rodeada, el señor González no encontró otra opción mas que abrir la puerta y ponerse

frente a las autoridades. Inmediatamente estas le comunican que tiene una orden de captura, que le imputan el cargo de concierto para delinquir y que automáticamente va a ser conducido a la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Montería, donde solo presentará unas indagatorias y será puesto en libertad.

Seguidamente proceden a llevarlo a la ciudad de Montería, en medio del traslado le hacen saber que varios funcionarios públicos, ex alcaldes y actual alcalde del municipio en aquella época también estaban siendo capturados. Al llegar a la ciudad de Montería se asombra al ver que junto a él se encontraban 25 personas más, entre esos habían ex funcionarios y ex alcaldes de diferentes municipios del Urabá Antioqueño.

Horas más tardes les informan que no los pondrán en libertad, puesto que en unas cuantas horas serán trasladados al Bunker de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá.

Roberto recuerda que “aproximadamente a las 09:00 pm efectivamente nos trasladaron al aeropuerto internacional Los Garzones en un camión, a las 12:00 am nos recibió un avión perteneciente a las fuerzas aéreas, en el cual viajamos a la ciudad de Bogotá; aterrizamos a la 01:00 am, inmediatamente fuimos trasladados al Bunker de la Fiscalía donde procedieron a hacernos las debidas indagatorias”.

“En ese lugar estuvimos recluidos durante dos días, al tercer día fuimos movilizados a la cárcel La Picota de Bogotá. Todo este show lo hicieron con el fin de demostrar que la Fiscalía estaba haciendo justicia en contra de las autodefensas en la zona de Urabá y por eso nos acusaban de ser cómplices de dichos grupos armados al margen de la ley”, relata hoy Roberto, desde su empresa Multisuministros, en Montería, donde se dedica a la venta de elementos de aseo.

Estuvo recluido durante tres largos años en la cárcel La Picota de Bogotá, procesado en la fiscalía con la ley 600 (ley inquisidora) donde el primer año fue de instrucción de investigación. Ese primer año a pesar de que la fiscalía no contaba con pruebas suficientes, se le hizo una resolución de acusación y fue puestas en manos de juez, durante el procedimiento de acusación y reparto se va todo un año en dicho proceso y sigue detenido en la misma cárcel.

Cuenta que la experiencia vivida en aquel lugar es la peor de su vida, dice haber sufrido humillaciones por parte de la guardia, pasó necesidades alimenticias y económicas, con ello vinieron enfermedades físicas y psicológicas y desafortunadamente en su paso por esa cárcel sus proyectos a seguir se troncaron y sus negocios familiares fracasaron.

Después de dos años le asignan a un juez del circuito penal de Bogotá, quien programa un proceso de audiencias las cuales se vieron afectadas por paros que se presentaron en la rama judicial, sin embargo, Roberto seguía detenido.

Con el pasar de algunos meses se reanudaron las actividades de la rama judicial, seguidamente empieza su proceso de defensa y acusaciones por parte de la fiscalía. Durante este proceso se da la etapa en la que el juez se dedica a explorar la verdad y ordena un encuentro o audiencia en el cual se interrogan los jefes paramilitares y a los detenidos, teniendo en cuenta que los detenidos tienen derecho a la defensa.

Durante este procedimiento el abogado del señor González interroga a varios jefes de grupos de autodefensas de la zona de Urabá, quienes declararon que no conocían al señor Roberto, otros declararon que lo distinguían por haber sido aspirante a la alcaldía pero que no tenían ningún tipo de vínculos o relaciones.

Luego de estas declaraciones se empiezan a recoger pruebas a favor de Roberto. Cumplidos los 3 años se terminan las audiencias, específicamente un 13 de marzo de 2013 el juez aun no emitía una sentencia en contra o favorable, el abogado solicita la libertad de su cliente por vencimiento de términos, a lo que el juez accede a concederle su libertad después de haber estado tres años privada de ella.

Posteriormente a un año, el 22 de mayo de 2014 el juez dicta sentencia absolutoria, es decir, lo declara inocente del delito de concierto para delinquir. En conclusión, la Fiscalía con ente de justicia falló al no hacer las debidas investigaciones y detuvo injustamente durante tres años a quien responde el nombre de Roberto González Ávila, este señor dice haber obtenido daños y perjuicios económicos, sociales, culturales, físicos, psicológicos, entre otros.

Desde entonces se dedica nuevamente al comercio fuera del Municipio de Arboletes, al salir de la cárcel su vida dio un giro y decidió empezar desde cero sin importar las puertas que se cerraron por aquella mala experiencia.

 

 

(*) Miembro Reporteros Unisinú. Dirige: Ramiro Guzmán Arteaga

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